LA DIVERSIDAD de opiniones expresadas en las últimas semanas sobre la polémica cuestión del trabajo infantil podría dar la (falsa) impresión de que estamos cerca de alcanzar un debate de dimensiones nacionales, pues la situación de los niños trabajadores parece preocupar a algunos empresarios y dirigentes obreros, así como a algunos políticos y líderes de la sociedad civil.Sería deseable que todos se interesaran, y no solo unos pocos, pero que lo hicieran más allá de sus prejuicios y no solo desde su ámbito específico de poder público o privado, o de la parcela de conocimiento científico o técnico que como profesionales cultivan y que no es inmune a preconceptos y estereotipos.
Sería deseable, me atrevo a sugerir, que nos interesásemos todos como ciudadanos, es decir, como hombres y mujeres pertenecientes a un Estado de derecho y deseosos de que los derechos de los demás se respeten y las leyes vigentes se cumplan. Sería deseable que nos interesásemos como adultos responsables de las personas menores de edad, que al fin y al cabo no llegaron aquí de modo inexplicable e imprevisto, sino que son, simple y sencillamente, nuestros hijos e hijas.
La preocupación panameña sobre el trabajo infantil no es nueva y se manifiesta periódicamente en los medios de comunicación sin que pueda concluirse que la discusión ha avanzado en algún sentido. Algunas veces ha adoptado la forma de reportaje que destaca información cuantitativa de carácter global (por ejemplo, cuando se afirma que cerca de 50 mil niños en las edades entre 10 y 17 años trabajan), y en la que destaca un cierto tono de denuncia social por las consecuencias dañinas que sobre la franja más vulnerable de la población tienen ciertas formas de explotación económica en el agro. Otras veces el trabajo infantil es el nombre que se utiliza para denominar la miseria en la que viven los niños en las calles de la pobreza urbana, y lo que se resalta es que sus padres los "obligan" a trabajar.
Esta vez las opiniones que han saltado, como movidas por un resorte, se originan en una situación un poco diferente. Se trata de los niños "empacadores" en los supermercados, a los que se les ha prohibido "trabajar", negándoseles así el muy necesario medio para ganar el sustento con que apoyan a sus familias, dicen los que se oponen a la medida con la afectación propia de quien enuncia una situación de injusticia social. Para nombrar este gesto he tomado prestado un término utilizado por Emilio García Méndez, en un análisis sobre las resistencias a las políticas de erradicación del trabajo infantil, pues los argumentos de hoy son los mismos de ayer cuando se trata de justificar la posición de que "los hijos de los pobres" deben trabajar.
La retórica de la "piedad" propone que es mejorar ignorar la prescripciones constitucionales y legales que prohiben el trabajo de los menores de 14 años de edad, así como la normativa internacional (el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo) que plantea elevar la medida a los quince años de edad.
En vez de reconocer que el trabajo infantil es una de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y el atraso de los pueblos, de que las políticas de erradicación de trabajo infantil son un elemento esencial de toda política de desarrollo nacional, y de que la razón de ser de estas prohibiciones tienen que ver con el hecho de que la explotación de los niños es una lamentable realidad hoy en el mundo entero, los que se "apiadan" de los niños se concentran en la situación de un muy pequeño grupo de menores de edad, para lanzar desde allí un injustificado ataque contra las prescripciones constitucionales y legales, así como sobre la normativa internacional sobre el trabajo, que proscribe el trabajo de los menores de edad en ciertas condiciones.
Curiosamente, el "trabajo" que defiende la retórica de la piedad tiene las siguientes características: los chicos no reciben salario, por lo tanto, no tienen derecho a descansos remunerados, ni a vacaciones, ni al décimo tercer mes, ni a seguro social, y no tienen protección laboral, en general, pues de acuerdo a la Constitución y a las leyes, su edad no permite que se configure una relación de trabajo.
Pese a esta total desprotección y explotación en el empleo, que ningún adulto aceptaría para sí mismo, los "buenos sentimientos" de protección impulsan a este grupo a plantear que la puesta en práctica de la prohibición traerá efectos nocivos sobre dichos niños, pues estos tendrán tiempo libre para dedicarse a actividades perversas e ilícitas. Los niños "empacadores", dicen, se convertirán en drogadictos y maleantes.
¿Cuál es el mensaje? "O trabajas, o te abandono a tu (mala) suerte", es lo que cabe concluir. ¿Por qué mejor no nos concentramos, como sociedad, ya que tenemos el respaldo de las autoridades, a lograr que el ciclo de educación básica, que ahora es de nueve años, sea una realidad para todo niño y toda niña que habite en nuestra tierra? No se trata de "ir a la escuela" solamente. Se trata de crecer y desarrollarse a través del aprendizaje, que implica no solo estudio y la preparación de tareas en casa, sino también el deporte, los juegos, las actividades culturales, eso que toda persona sana aspira tener: un rato de ocio.
Estoy seguro que las familias humildes que necesitan los ingresos adicionales que puedan traer sus hijos al hogar, se sentirían bien apoyadas si sus hijos en la franja de los 14 ó 15 a 18 años de edad, obtuvieran un empleo bien remunerado, que podría ser, por ejemplo, el servicio impago que prestan los más "chiquitos", que sólo reciben las "propinas" que se les regala de forma totalmente unilateral y caprichosa. No está de más apuntar que el desempleo en los adolescentes es más severo que entre los mayores de edad.
En conclusión, apoyemos a la familia para que ésta proteja al niño, y abandonemos la falsa idea de que si apoyamos a los niños para que trabajen, esto protegerá a sus familias.
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El Panamá América, Martes 11 de octubre de 2005
